Bogotá (EFE).- Los periodistas argentinos Jorge Fonteveccia y Héctor D'Amico, que en 1995 revelaron la existencia de un hijo extramatrimonial del entonces presidente Carlos Menem, comparecieron ayer, 24 de agosto, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en una audiencia pública que se celebra en Bogotá.
Los dos periodistas intervinieron en el marco del 92 período ordinario de sesiones de la CorteIDH que analiza el caso de la presunta violación por parte del Estado argentino al derecho a la libertad de pensamiento y expresión de los dos comunicadores.
La vista escuchó este miércoles, en ese orden, a D'Amico, editor y a Fonteveccia, por entonces director de la revista Noticias, y a Robert Saba, un experto en legislación sobre derecho de libertad de expresión y derechos individuales y colectivos.
Las autoridades argentinas impusieron una condena civil a Fontevecchia y D'Amico por dos artículos sobre el hijo no reconocido de Menem con la diputada argentina Marta Meza.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en diciembre pasado que la citada condena "no observó los requerimientos exigidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos para encontrar justificada la imposición de responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión".
La misma CIDH indicó también que "el Estado impuso una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de las víctimas".
En Bogotá, antecedió la comparecencia de los periodistas y del perito, la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Comisión Interamericana, la colombiana Catalina Botero, quien introdujo los hechos.
Botero pidió a la CorteIDH definir "hasta dónde va el derecho a la vida privada y hasta dónde el derecho a la libertad de expresión", y, "hasta dónde asuntos de interés público pueden ser conocidos por la sociedad".
Los comparecientes, a su turno, fueron interrogados por delegados de la Comisión y por algunos de los jueces de la CorteIDH, con la notoria abstención de los representantes estatales argentinos, que sin embargo, anunciaron que en los escritos consignarán sus puntos.
La revista Noticias, recordaron hoy los dos periodistas, fue afectada desde entonces (1995) por un total de 19 querellas, entre civiles y penales, "presentadas por el presidente Menem, sus secretarios y sus ministros".
D'Amico rememoró también que en la misma época de las publicaciones, Menem habló "desde la Casa Rosada y ante la televisión en directo", sobre los responsables de Noticias a quienes consideró como miembros "de una organización criminal" y que el semanario "era una cloaca".
El propio Menem demandó a Noticias y a los directores por violación de su vida privada, y en 1997 la Cámara Civil condenó a Fontevecchia y a D'Amico a pagar una indemnización.
La CIDH envió a la CorteIDH el caso al considerar que el Estado (argentino) no cumplió con sus recomendaciones, entre ellas algunas medidas de reparación.
Fonteveccia en su declaración rememoró que Noticias ya había sufrido "persecuciones" durante la dictadura militar y "fue clausurada" por esos regímenes.
Recordó también que la revista y otras publicaciones de la editorial Perfil, sufrieron atentados.
"Dos bombazos a la planta de impresión y el asesinato del fotógrafo Jorge Luis Cabezas" fueron parte de esa persecución, precisó Fonteveccia, quien también tuvo que abandonar Argentina por amenazas.
El director de Noticias subrayó que "a los presidentes les cuesta comprender el periodismo crítico" e insistió en que por esos años "se vivió un continuo acecho y persecución" a la prensa.
Cerró la primera jornada el perito Roberto Saba, un abogado y catedrático de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, quien ilustró al tribunal y a la audiencia sobre la aplicación de sanciones a civiles en casos relativos a la libertad de expresión y en cuanto a la reparación en esos casos.
La audiencia del caso Fonteveccia-D'Amico prosigue mañana con los alegatos finales de las partes y la CorteIDH emitirá un fallo en un tiempo de entre cuatro y seis meses, según fuentes del tribunal.
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